Masacre de Trelew: se enfermó un juez y el juicio pende de un hilo - Cobertura Jornada
Pedro
De Diego sufrió un pico de hipertensión y no volverá a las audiencias.
Lo reemplazó un juez suplente. Pero si ocurre un contratiempo similar,
los fusilamientos de agosto del ´72 podrían quedar impunes.
Diálogo. Acusadores y defensores en un momento de acuerdos para agilizar la audiencia oral y pública.
Por Rolando Tobarez
El Ministerio Público Fiscal ya no disimuló su enojo con el tribunal
que preside Enrique Guanziroli y el juicio por la Masacre de Trelew
quedó al borde del escándalo. Es que el proceso se quedó sin un juez y
la continuidad de las audiencias corre muy serio riesgo. Ayer hubo
quejas y reclamos en voz alta, con los abogados caminando el escenario y
masticando bronca.
Sorpresivamente, el comodorense Pedro De Diego sufrió un severo pico de
hipertensión por tercera vez en el último año. Su médico le recomendó
reposo y ya no volverá a las audiencias en el Cine Teatro “José
Hernández” de Rawson. Lo reemplazó el magistrado suplente Juan Leopoldo
Velázquez, que viene de Bahía Blanca.
Desde el 7 de mayo el hombre escuchó todo el proceso sin intervenir.
Desde ayer acompaña a Guanziroli y a Nora Cabrera de Monella. Pero ya no
hay recambio posible. El juicio no puede interrumpirse por más de 10
días hábiles. Por eso si otro juez sufre un contratiempo y no regresa en
ese plazo, el histórico proceso se anulará. El caso por los 19
fusilamientos en la Base Almirante Zar podría quedar impune
definitivamente o habría que reiniciarlo, en la mejor de las hipótesis.
Como le dijo un acusador a este diario, “estamos jugando con 8
jugadores”.
Anoche culminó su alegato Sergio Oribones, defensor de Luis Sosa y
Emilio Del Real. Y hoy a las 10 completarán sus alegatos Fabián
Gabalachis y Marcos González. Faltarán las réplicas de las partes y las
palabras finales de los marinos acusados.
Pero el panorama se complica: lunes, martes y miércoles no habrá
juicio. Y el jueves el tribunal, que es de Comodoro Rivadavia, no podrá
regresar a Rawson por trabajos pendientes. Monella propuso que esa
audiencia final antes de la sentencia se realice en la ciudad petrolera.
Sólo recibió quejas del público y de los fiscales: opinan que el juicio
no debe salir de la capital, aunque legalmente sea una opción, ya que
afectaría su difusión pública y obligaría a un movimiento imprevisto de
las partes.
En la mañana, antes del episodio De Diego y harto de las
interrupciones, el fiscal Horacio Arranz exigió que el tribunal
determine el cronograma de audiencias hasta la sentencia, para saber el
día por día. “Estamos siguiendo lo establecido”, lo cortó en seco
Guanziroli. Insistieron con el reclamo pero el titular del TOF se
levantó y se fue, lo que generó más molestia de los abogados.
Decidido a no dejar pasar el desaire, el fiscal Fernando Gélvez tomó el
micrófono pero el sonido de la sala se cortó. Ofuscado y mientras el
resto de las partes ya se iba, exigió que lo dejen hablar y el sonido
volvió. Consideró que la situación era “totalmente anormal y
extraordinaria” y advirtió que el MPF “pide que esto conste en actas
para avanzar en los caminos institucionales que consideremos adecuados”.
Los fiscales piensan en acudir a otros mecanismos -por ejemplo, el
Consejo de la Magistratura de la Nación- para que analicen si se debe
tomar alguna medida por las demoras y falta de precisiones.
El tercer fiscal, Dante Vega, gesticulaba con fastidio y mostraba
enorme molestia. “Esto es insólito y nunca me pasó, ¿por qué no llevan
el juicio también a Resistencia o a Madrid si quieren?”, decía.
Coincidió con Gélvez en que lo viene sucediendo “es una vergüenza y un
papelón”. En este escenario, la sentencia podría conocerse el jueves 11
de octubre, en coincidencia con los 40 años del “Trelewazo”.
La defensa de Bautista
“La versión de la fuga es disparatada, pero mucho más disparatado es
que los hayan fusilado”. Lo dijo Gerardo Ibañez, el primer defensor en
alegar en el juicio por la Masacre. Es el abogado de Jorge Bautista,
exjuez militar que investigó lo que sucedió el 22 de agosto de 1972. Lo
acusan de encubrir los fusilamientos y favorecer al resto de los
marinos. Para él piden 2 años de cárcel común y efectiva. Ibáñez pidió
su absolución y en caso de ser condenado, que tenga la pena mínima, en
prisión domiciliaria y recién cuando la sentencia esté firme. “Tiene 87
años y sería antihumano que esté en una cárcel común”.
El abogado apuntó a demostrar que Bautista tomó todas las medidas a su
alcance en la Base Zar para encontrar la verdad. Y advirtió que el
relato del fusilamiento “no sirve ni para el libreto de una película”.
Según su alegato, si el episodio fue parte de un plan sistemático de
represión, “es imposible que alguien haya podido interferir en la orden
del presidente Agustín Lanusse, que haya 6 sobrevivientes y que a 3 de
ellos la propia Marina les haya salvado la vida, ¿cómo van a decir que
un plan de tamaña envergadura se frustró porque entró alguien de la Base
ajeno a los hechos y tuvieron que parar de rematar?”.
Recordó que incluso, a María Antonia Berger la operó el mejor cirujano
del Hospital Naval de Puerto Belgrano. “Y encima les enviaron un juez
para que declaren lo que quieran. O sea que no sólo no pudieron
fusilarlos a todos sino que encima los curaron; no tiene ninguna lógica y
es un relato onírico”, ironizó.
“Que haya 3 sobrevivientes debilita la hipótesis de que se trató de un
plan premeditado, o sea el elemento que les sirve para que el caso no
prescriba. Porque si se trató de una acción de los oficiales de la Base
por su cuenta, la acción penal está extinta. La idea de que hubo una
orden superior no resiste el menor análisis”.
Su defensor recordó que Bautista fue el único marino que se prestó a un
interrogatorio de los jueces en la Base. “Contó todo delante de todos”,
graficó. “No está ni mínimamente demostrado que Trelew haya sido parte
de un plan sistemático, que en realidad se inició mucho después”. Según
Ibañez, su cliente fue afectado por “una particularidad única: el
sumario que escribió Bautista desapareció, y no se entiende cómo se
puede juzgar el trabajo de un juez sin el expediente”.
El abogado consideró “rayano en la aventura” decir que el exjuez no
haya tomado todas las medidas al llegar a la Base, y que además haya
sido una conducta intencional para favorecer a Luis Sosa, Emilio Del
Real, Carlos Marandino y Rubén Paccagnini, el resto de los imputados.
“En 40 años Bautista nunca fue mencionado como imputado y a nadie se le
ocurrió que debía salir del país para protegerlo por su actuación en
este caso”. Ibáñez fue más lejos y aseguró que la poca prueba documental
del juicio se logró gracias al trabajo del capitán de navío. “Sin él,
en este juicio no hubiese habido absolutamente nada”. En este sentido
dijo que la acusación en su contra “es incomprensible y digna de
nulidad”.
Ibáñez aseguró que junto con su cliente “quisimos venir al juicio aún
arriesgando su salud”. Y que la noche del miércoles debieron llamar a un
médico. “Hubo un enorme esfuerzo de las acusaciones para tratar de que
Trelew sea otra pieza del plan sistemático y hubo muchos testigos que
opinaron, como Hernán Bonet, el hijo de Rubén, pero que del hecho no
vieron nada”.
En cuanto al alegato de los acusadores, “se construyó un relato” ya que
se insistió con la persecución a las familias de las víctimas pero ni
mencionó los militares asesinados por la venganza de las organizaciones
armadas. “Bautista trabajó en absoluta soledad, dormía con el sumario
bajo el brazo y nunca se casó con la versión de la fuga: pocos jueces de
la época deben haber investigado como él así que las versiones
militares que surgieron me tienen sin cuidado, porque nunca dio ninguna
información”. Además, con abundantes citas de Derecho, insistió con que
el caso prescribió. #
