Epílogo del alegato de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, por Germán Kexel



Afirma Zygmunt Bauman en Modernidad y Holocausto que el Holocausto fue “un inquilino legítimo de la casa de la modernidad”. Es decir, que las prácticas sociales genocidas o de aniquilamiento no son un accidente o una ruptura de un orden de progreso y civilización sino que son una posibilidad inherente al sistema, que se deriva de las grietas que generan aquellos que ejercen determinadas formas de autonomía frente al Estado.


Desde entonces, y hasta nuestros días, múltiples corrientes teóricas han transitado los pedregosos caminos de la reflexión sobre cómo son estos hechos posibles. La transición democrática en Argentina permitió una primera lectura de los hechos conocida por todxs como la teoría de los dos demonios, reforzada por ser la interpretación propuesta desde el Estado. Desmontar esta idea de que a un terror se le había opuesto otro, como si pudieran compararse cuando solo uno es ejercido utilizando el aparato represivo del Estado llevó al menos una década, y fueron lxs HIJOS quienes llegaron con nuevas estrategias a recuperar las trayectorias militantes de sus padres, que la retórica humanitaria había borrado. Cómo si vaciar sus vidas de contenido político hiciera menos legítima su desaparición. Y durante años se transformó la impunidad en carnaval repitiendo que donde no hubiera justicia habría escrache. Hace ya más de 7 años la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final reabrieron otro sendero, donde comenzar a juzgar los delitos de lesa humanidad, como instancia no de reconciliación sino de justicia. Hoy venimos en nombre del Poder Ejecutivo Nacional, pero por mandato popular, y con todas las herramientas de la democracia, a exigir justicia. Una justicia que permita poner nombre, cara y acción a esos lazos de solidaridad y trabajo que las dictaduras intentaron desaparecer mediante el terror.

Este juicio por la Masacre de Trelew significa un paso más. Estos hechos, acontecidos con anterioridad a 1976, quedaron envueltos en otras lógicas y otros relatos. Ese discurso eminentemente revolucionario de los evadidos en el Aeropuerto es una declaración de principios. Solo algunos pudieron ver ya en ese entonces que este hecho expresaba otra cara de la represión y que anticipaba el terror que habría de venir. Describe Eduardo Luis Duhalde cómo Trelew enfrentó a los abogados con la impotencia de las herramientas del Derecho frente a la inminencia de la masacre, pero además frente al dilema de si ser parte legitimaba un circo de justicia inexistente. Hoy nos toca a nosotros, como abogados y abogadas de una nueva generación, retomar esas convicciones, principios y acciones de quienes nos antecedieron. Nos interpela la responsabilidad de acusar a los cinco imputados aquí presentes por los delitos mencionados y que marcaron un hito en el despliegue del terrorismo de Estado en nuestro país. Y también les toca a ustedes como jueces de la democracia dictar sentencia.

El debate político, jurídico, institucional e histórico de los últimos diez años hace posible que hoy estemos en esta instancia. Tenemos entre nuestras manos la oportunidad histórica de hacer justicia para los fusilados de Trelew, para sus familiares que vivieron estos años entre la clandestinidad y la lucha, para sus hijos e hijas que son hoy adultos, para sus padres que no llegaron a verlo, 40 años después. Sin embargo hay algo más. Es la oportunidad histórica de hacer justicia para los ciudadanos y ciudadanas de Trelew y Rawson, para sus militantes, para sus apoderados, para sus docentes, para sus estudiantes, para sus obreros, para sus abogados, para quienes sintieron durante muchos años el miedo en el cuerpo, para quienes crecimos en este valle muchos años después y se nos negó la posibilidad de conocer esta historia bajo la cantinela de que aquí nunca-pasó-nada. Es un momento privilegiado para recordar juntos que allí donde la Dictadura de Lanusse vio aridez y distancia, nuestros pueblos vieron germinar junto a los presos y presas políticas las flores de su movilización.

Es la posibilidad de reconstruir juntxs qué pasó. Reconocer que el Estado utilizó en numerosas oportunidades sus herramientas para atentar contra la vida y la seguridad de sus miembros, que eso no es un accidente ni un acto irracional sino que es un delito, y que por sistemático y generalizado es de lesa humanidad. Que esos delitos tuvieron como fin último, entre otras cosas, romper mediante el miedo y la delación los lazos de solidaridad reinantes para implantar un modelo económico y político que requería individualismo. Y entonces es una oportunidad de hacer justicia para una sociedad que ve hoy en el Estado una respuesta a sus derechos: un Estado que pone su fuerza al servicio de la igualdad de oportunidades. Es, en síntesis, la oportunidad para que este tribunal consagre lo que el pueblo sentenció hace 40 años, cuando pidió por primera vez “justicia para los fusilados de Trelew”.   

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